Mujeres en África austral: 33 puntos de avance en derechos económicos, pero grandes diferencias en el poder político
En las últimas tres décadas, los países de África austral experimentaron importantes transformaciones en el reconocimiento de los derechos económicos de las mujeres. Las reformas jurídicas ampliaron sus posibilidades de trabajar, emprender, administrar bienes y participar en actividades económicas bajo condiciones más igualitarias.
Pero una pregunta resulta fundamental: ¿los avances en las leyes estuvieron acompañados de un mayor empoderamiento político femenino?
Una investigación de Jóvenes Líderes News, elaborada a partir de información estadística del Banco Mundial y del proyecto internacional Varieties of Democracy (V-Dem), analizó la evolución de 16 países de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) desde 1990.

Los resultados muestran avances significativos, aunque también diferencias que permiten comprender por qué la igualdad jurídica no garantiza, por sí sola, una participación equivalente de las mujeres en la vida pública.
De 43,8 a 76,8 puntos: el progreso de los derechos económicos
El primer indicador utilizado corresponde al índice histórico Women, Business and the Law del Banco Mundial.
Esta herramienta permite evaluar en qué medida las leyes reconocen oportunidades económicas equivalentes para mujeres y hombres, mediante una escala de 0 a 100 puntos.
En 1990, los 16 países analizados registraban una puntuación media de 43,8.
Para 2023, el promedio había alcanzado los 76,8 puntos.
Esto representa un incremento de aproximadamente 33 puntos durante el período estudiado.
El avance se registró, con distinta intensidad, en todos los países de la región.
La República Democrática del Congo presentó el mayor incremento: pasó de 25,6 puntos en 1990 a 78,8 en 2023, con una mejora de 53,1 puntos.
Lesoto también experimentó una transformación destacada, al pasar de 28,8 a 80,6 puntos.
Sudáfrica registró otra de las mejoras más importantes, con un incremento de 38,8 a 88,1 puntos.
En el extremo opuesto aparece Esuatini, cuyo indicador pasó de 38,8 a 46,3 puntos, una mejora de apenas 7,5 puntos en más de tres décadas.
Estas cifras reflejan la evolución de las normas jurídicas, pero no permiten determinar si todas las mujeres pueden ejercer efectivamente los derechos reconocidos por la legislación.
¿Qué país reconoce mayores oportunidades económicas a las mujeres?
En 2023, Mauricio encabezaba la clasificación de los 16 países estudiados, con 89,4 puntos sobre 100.
Lo seguían Sudáfrica, con 88,1 puntos, y Zimbabue, con 86,9.
También destacaban Mozambique, con 82,5 puntos, y Tanzania y Zambia, ambos con 81,3 puntos.
Estos resultados muestran que varios países de África austral alcanzaron puntuaciones elevadas en el reconocimiento jurídico de oportunidades económicas.
Sin embargo, una buena calificación en el índice no significa que las mujeres enfrenten pocas barreras laborales o empresariales en su vida cotidiana.
El indicador histórico evalúa cuestiones legislativas relacionadas con la movilidad, el trabajo, la remuneración, el matrimonio, la maternidad, el emprendimiento, los activos y las pensiones.
No mide directamente los salarios efectivamente percibidos, el acceso real al financiamiento, la calidad del empleo ni la aplicación cotidiana de las leyes.
Esta distinción resulta esencial para comprender los verdaderos desafíos de la igualdad de oportunidades.
Seychelles lidera el empoderamiento político femenino
Para ampliar la investigación incorporamos un segundo indicador: el índice de empoderamiento político de las mujeres elaborado por V-Dem.
Su escala va de 0 a 1 y combina tres dimensiones: libertades civiles, participación de las mujeres en organizaciones sociales y representación en cargos políticos.
En 2025, Seychelles ocupó el primer lugar entre los 16 países analizados, con una puntuación de 0,908.
Namibia se situó en segundo lugar, con 0,855, seguida por Tanzania, con 0,834, y Sudáfrica, con 0,830.
Mauricio registró 0,814 y Lesoto, 0,809.
En conjunto, el promedio simple de los 16 países pasó de 0,531 en 1990 a 0,732 en 2025.
Se trata de una mejora importante, aunque los resultados individuales muestran diferencias considerables.
Esuatini, por ejemplo, registró un índice de apenas 0,391 en 2025.
La República Democrática del Congo alcanzó 0,550, mientras que Comoras obtuvo 0,556.
El contraste entre Seychelles y Esuatini fue de 0,517 puntos en una escala cuyo máximo es 1.
Esto refleja la magnitud de las diferencias en las condiciones de participación y empoderamiento político femenino entre los países estudiados.
La paradoja de la República Democrática del Congo
Uno de los resultados más reveladores surge al comparar los dos indicadores.
La República Democrática del Congo registró el mayor avance regional en igualdad jurídica económica entre 1990 y 2023.
Sin embargo, su puntuación de empoderamiento político femenino en 2025 fue de 0,550, la segunda más baja del grupo.
Una situación diferente aparece en Seychelles.
Aunque su índice histórico de igualdad jurídica económica era de 76,3 puntos en 2023, inferior al de Mauricio, Sudáfrica y Zimbabue, alcanzó el mayor nivel de empoderamiento político femenino en 2025.
Zimbabue ofrece otro contraste.
Su puntuación de igualdad jurídica económica era de 86,9 puntos en 2023, la tercera más elevada de la región, pero su índice de empoderamiento político femenino fue de 0,727 en 2025.
Estos ejemplos muestran que el reconocimiento legal de oportunidades económicas y el empoderamiento político pueden evolucionar de manera diferente.
También ponen de manifiesto la necesidad de analizar la igualdad de género desde distintas dimensiones, en lugar de reducirla a un único indicador.
Sudáfrica: una de las transformaciones más importantes
El caso sudafricano merece especial atención por la magnitud de sus cambios históricos.
En 1990, durante los últimos años del apartheid, el índice de empoderamiento político femenino del país se situaba en 0,249.
Para 2025 había alcanzado 0,830, lo que representa el mayor incremento absoluto entre los 16 países analizados.
La transición democrática de 1994 constituye un contexto histórico fundamental para interpretar esta transformación.
La extensión del sufragio universal y las reformas institucionales modificaron profundamente las condiciones de participación política de la población sudafricana.
La representación de las mujeres también avanzó de manera significativa.
Según los datos de la Unión Interparlamentaria consultados en noviembre de 2026, las mujeres ocupaban aproximadamente el 44,9 % de los escaños de la Asamblea Nacional de Sudáfrica.
Este dato permite complementar el índice V-Dem con una medida específica de representación parlamentaria.
No obstante, el número de mujeres que ocupan cargos políticos es solamente una parte del empoderamiento. También importan las libertades civiles, la participación social y la posibilidad de influir en las decisiones públicas.
El problema de las leyes que no se cumplen
La investigación adquiere una dimensión adicional al considerar las conclusiones del informe Women, Business and the Law 2026 del Banco Mundial.
Publicado el 24 de febrero de 2026, el informe amplió la evaluación de la igualdad de oportunidades económicas mediante tres componentes: marcos jurídicos, instituciones y políticas de apoyo, y percepciones sobre la aplicación efectiva de las leyes.
A escala mundial, el Banco Mundial encontró que la legislación favorable a la participación económica femenina presenta importantes dificultades de implementación.
El organismo informó que el promedio mundial del nuevo indicador de marcos jurídicos era de 67 puntos sobre 100, mientras que las políticas e instituciones de apoyo alcanzaban 47 puntos y las percepciones de aplicación efectiva, 53.
Estas cifras corresponden a una metodología diferente de la utilizada para nuestra comparación histórica y no deben confundirse con los resultados de los 16 países de África austral.
Sin embargo, aportan una conclusión relevante: mejorar las leyes constituye un avance necesario, pero no suficiente.
Las condiciones para ejercer los derechos también dependen de la existencia de instituciones eficaces, servicios accesibles y mecanismos que permitan exigir su cumplimiento.
El futuro del liderazgo femenino en África
Las estadísticas analizadas plantean desafíos importantes para las nuevas generaciones.
La posibilidad de acceder a educación, encontrar empleo, iniciar un emprendimiento, participar en organizaciones sociales y ejercer cargos de responsabilidad está vinculada con las oportunidades que ofrecen las instituciones.
En ese contexto, promover el liderazgo femenino requiere políticas que actúen sobre distintas dimensiones de la desigualdad.
El acceso al financiamiento para emprendedoras, la formación profesional, la participación de mujeres jóvenes en espacios de decisión y la eliminación de barreras discriminatorias son algunas de las áreas que merecen especial atención.
También resulta indispensable mejorar los sistemas de información para evaluar si las reformas legales producen cambios concretos en las condiciones de vida.
Sin esa información, existe el riesgo de confundir el reconocimiento formal de derechos con su ejercicio efectivo.
Más derechos, pero desafíos pendientes
La evolución de África austral desde 1990 revela una transformación importante.
Los 16 países analizados mejoraron sus puntuaciones de igualdad jurídica económica entre 1990 y 2023.
También aumentó el promedio regional de empoderamiento político femenino entre 1990 y 2025.
Sin embargo, las diferencias entre países como Seychelles, Sudáfrica, la República Democrática del Congo y Esuatini demuestran que el progreso adopta trayectorias muy distintas.
La principal conclusión de esta investigación es que reconocer derechos constituye un avance fundamental, pero transformar esos derechos en oportunidades reales exige mucho más que modificar las leyes.
La igualdad también necesita instituciones que funcionen, espacios de participación y condiciones que permitan a las mujeres desarrollar sus capacidades y ejercer plenamente su ciudadanía.
Para las nuevas generaciones de África austral, el desafío no consiste únicamente en continuar ampliando los derechos económicos, sino también en construir sociedades donde las mujeres puedan participar, decidir y liderar.
Metodología de la investigación
Investigación y análisis estadístico: Jóvenes Líderes News.
El estudio comprende los 16 países que actualmente integran la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC).
Se utilizaron las siguientes series estadísticas:
1. Igualdad jurídica económica: índice Women, Business and the Law 1.0 del Banco Mundial, correspondiente al período 1990–2023. Escala de 0 a 100.
2. Empoderamiento político femenino: indicador v2x_gender del proyecto V-Dem, versión 16, con series de 1990 a 2025. Escala de 0 a 1.
Los promedios regionales son medias aritméticas simples de los 16 países, sin ponderación por población.
Las variaciones históricas se calcularon utilizando los valores iniciales y finales de cada serie. Para las comparaciones directas entre ambos indicadores se dispone de datos correspondientes al mismo año hasta 2023; las cifras políticas de 2025 se incorporan para mostrar la evolución más reciente.
Los dos índices evalúan dimensiones diferentes y no permiten establecer relaciones causales por sí solos.
El índice histórico del Banco Mundial mide normas jurídicas, no su cumplimiento, mientras que el de V-Dem combina estimaciones de especialistas y datos de representación política.
Fuentes consultadas
Banco Mundial — Women, Business and the Law, bases históricas.
Unión Interparlamentaria — Representación femenina en Sudáfrica.
Las comparaciones, los cálculos de evolución y la selección de hallazgos fueron elaborados por Jóvenes Líderes News a partir de las bases estadísticas citadas.
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